Nadie lo salva. El exalcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, no volverá al sillón edil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cargo que desempeñó desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de julio de 2020, cuando fue suspendido después de recibir una sentencia en segunda instancia por el caso Bloqueadores, hoy anulada por la Corte Suprema.

El exmilitante apepista había presentado un recurso de casación a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema el 16 de agosto de este año para revertir la ubicación y captura en su contra por el caso Baños Químicos, que viene cuando era alcalde distrital de La Esperanza. Sin embargo, la vocalía suprema calificó de “inadmisible» su pedido el jueves 16 de diciembre, según un reporte actualizado del expediente judicial n.° 4257-2021.

VACANCIA
De acuerdo al abogado penalista y regidor de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, “si la casación ha sido declarada inadmisible legalmente lo que podría hacer es recurrir a un hábeas corpus [ante el Tribunal Constitucional], si considera que su derecho le ha sido violentado. Pero ya se agotó la vía administrativa”, declaró a La Industria.

De acuerdo al artículo 22, inciso 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972 corresponde la vacancia del alcalde —recordemos que Daniel Marcelo fue suspendido por el concejo municipal y ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía una sentencia en segunda instancia por el caso Baños Químicos— porque tiene una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad.

EL CASO

En mayo de este año, la Primera Sala de Apelaciones de Trujillo decidió por unanimidad y en segunda instancia confirmar la sentencia a 4 años y 8 meses de prisión efectiva contra el prófugo exalcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

De esta manera el colegiado, presidido por la jueza superior Orfelia Namoc López, e integrada por los jueces superiores Manuel Sosaya y Jaquelin Florián, confirmó la resolución número 35 del 26 de octubre del 2020 emitida por el titular del Octavo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de La Libertad, Julio Neyra Barrantes.

En dicha resolución se afirma que Marcelo Jacinto tuvo intereses indebidos –cuando era alcalde de La Esperanza, en el 2017– en el alquiler de 5 baños químicos por más de 78,000 soles. De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, en el mercado local ese mismo servicio no superaba los 2,000 soles.

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