El objetivo es frenar la criminalidad y delincuencia en el país.
En un intento por frenar el creciente auge de la criminalidad en el país, César Acuña Peralta, líder de Alianza Para el Progreso (APP) y actual gobernador de La Libertad, ha presentado un ambicioso proyecto de Reforma Constitucional.
La propuesta busca permitir el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y telecomunicaciones en casos relacionados con delitos graves como el sicariato y la extorsión, con el objetivo de brindar a las autoridades herramientas más eficaces para enfrentar el crimen organizado.
Una respuesta a la inseguridad ciudadana
La iniciativa surge como respuesta al creciente malestar de la población ante el avance de la criminalidad, que ha generado una sensación de inseguridad sin precedentes en diversas regiones del país.
“Estos delincuentes no tendrán derecho al secreto de las telecomunicaciones ni al secreto bancario. No podemos seguir siendo testigos pasivos de cómo el crimen organizado amenaza nuestra tranquilidad. Es momento de dotar a nuestras autoridades de herramientas legales que les permitan actuar con firmeza y eficacia”, declaró César Acuña al presentar su propuesta.
Detalles de la propuesta legislativa
El proyecto plantea una modificación al artículo 2 de la Constitución, que actualmente protege el secreto de las comunicaciones y transacciones bancarias de los ciudadanos. Con el cambio, se autorizaría a las autoridades policiales y fiscales a acceder a esta información en casos relacionados con:
- Extorsión
- Sicariato
- Marcaje y reglaje
- Tráfico ilícito de drogas
Estas medidas buscan eliminar barreras legales que dificultan las investigaciones, permitiendo a las autoridades rastrear transacciones sospechosas, interceptar comunicaciones y desarticular redes criminales de manera más eficiente.
Un contexto de emergencia
El Perú atraviesa una de las peores crisis de inseguridad en su historia reciente. Según estadísticas, los delitos violentos, particularmente los vinculados a la extorsión y el sicariato, han crecido de forma alarmante, situando al país entre los más afectados por estas prácticas en América Latina.
En regiones como La Libertad, el sicariato y la extorsión afectan tanto a ciudadanos como a empresarios, generando un clima de incertidumbre económica y social. Esta realidad llevó a César Acuña a priorizar la seguridad ciudadana como eje principal de su gestión y propuestas políticas.
Opiniones divididas y posibles implicancias
Aunque la propuesta ha sido bien recibida por sectores que exigen medidas más firmes contra el crimen organizado, también ha generado críticas y preocupaciones en torno a los derechos fundamentales y la privacidad. Expertos en derecho y activistas de derechos humanos han señalado que el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones podría abrir la puerta a posibles abusos si no se implementa con controles estrictos y supervisión adecuada.
Sin embargo, para César Acuña, esta reforma es una necesidad impostergable. “Es momento de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si no actuamos ahora, el crimen organizado seguirá creciendo, afectando la calidad de vida de todos los peruanos”, enfatizó.
Hacia un debate nacional
El proyecto de ley será sometido a discusión en el Congreso, donde se espera que genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas y sectores de la sociedad. De ser aprobada, representaría un cambio significativo en la forma en que las autoridades enfrentan el crimen organizado en el país.
Mientras tanto, la población sigue demandando soluciones inmediatas y contundentes frente a una crisis de inseguridad que amenaza con socavar la estabilidad social y económica del Perú. Esta propuesta podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia, aunque su implementación requerirá un delicado equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito y el respeto a los derechos fundamentales.
